Cultura firma acuerdos plurianuales para impulsar el videojuego con fondos públicos, pese a su fuerte presencia en la prevalencia de Juego con dinero en menores según ESTUDES.
El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de convenios destinados a impulsar el sector del videojuego en España, con un presupuesto total de 380.000 euros que se distribuirá en un periodo de cinco años, entre 2025 y 2029. La decisión, adoptada en el último Consejo de Ministros, autoriza al Ministerio de Cultura a comprometer gasto con cargo a ejercicios futuros.
En concreto, el Ejecutivo ha autorizado la firma de tres convenios con asociaciones y entidades del sector. El primero será con la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que recibirá hasta 150.000 euros para llevar a cabo iniciativas vinculadas al “uso responsable” y al “fomento de la igualdad de género, la inclusión y la accesibilidad en el sector del videojuego”. El segundo, de idéntico importe, se firmará con la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), con el objetivo de “colaborar en el desarrollo de acciones para la internacionalización del videojuego español”. El tercero, dotado con 80.000 euros, se acordará con la Asociación MÁLAGAJAM, que destinará los fondos a la profesionalización y promoción del sector en el marco de los premios IRIS GAMES.
Un presupuesto nada desdeñable que pone de manifiesto la doble vara de medir del Gobierno, que mientras aporta casi 400.000 euros a la Industria del videojuego, que según el informe ESTUDES es el tipo de Juego con mayor prevalencia entre los menores (con casi un 70%), denuesta al Juego y apunta con su dedo acusador al Sector a la menor oportunidad…
El desglose económico aprobado contempla una aportación de 32.500 euros en 2025, seguida de partidas más elevadas en los años centrales del plan: 120.000 euros tanto en 2026 como en 2027, 60.000 en 2028 y 47.500 en 2029.
En fin… El contraste resulta evidente: a un sector se le refuerza como “industria cultural” y se le apoya con financiación pública, mientras al otro se le demoniza a pesar de su relevancia económica, su marco regulatorio estricto y las importantes aportaciones que realiza en términos de empleo, fiscalidad y responsabilidad social.
FUENTE: azarPlus